Entrevista con el quincuagésimo séptimo presidente de Haití, Jocelerme Privert, realizada por Raphael Nuñez de Diario Libre.
1. Hace cuatro años, unos sicarios asesinaron al presidente Jovenel Moïse. ¿Se ha hecho justicia?
Han pasado ya más de cuatro años desde que el presidente haitiano, Jovenel Moïse, fue cobardemente asesinado en su residencia. Desde aquella tragedia, la investigación judicial abierta en Haití ha conocido una sucesión de magistrados sin lograr, hasta el día de hoy, identificar a los verdaderos autores e instigadores del crimen.
Mientras la justicia haitiana se hunde en una instrucción perpetua, la que llevan a cabo las autoridades judiciales de Estados Unidos avanza con rapidez. Varias personas implicadas ya han sido juzgadas y condenadas, o están a la espera de su proceso. Este contraste resalta de manera amarga las fallas estructurales de nuestra institución judicial. Así, la nación se ve privada del acceso a la verdad y a una justicia digna de ese nombre. La impunidad persiste, y con ella, una herida abierta en la conciencia colectiva.
2. ¿Qué faltó en la investigación de este incidente para recuperar la confianza no solo a nivel nacional, sino también dentro de la comunidad internacional?
Francamente, nadie puede justificar razonablemente semejante anomalía. El auto de cierre dictado por el juez de instrucción encargado de la investigación en torno a este asesinato identificó formalmente a varios imputados, remitidos ante una jurisdicción penal. Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos que se les reprochan, todos proclamaron su inocencia e interpusieron inmediatamente un recurso de apelación.
El procedimiento se reactivó, en particular con la audiencia de las personas detenidas, así como de aquellas aún en libertad pero mencionadas en la investigación. Lo especialmente preocupante es que algunos inculpados —entre los más influyentes— se refugiaron en el extranjero y se niegan categóricamente a responder a las citaciones de la justicia. Las órdenes de arresto emitidas en su contra han quedado, hasta ahora, sin efecto.
Este disfuncionamiento ilustra, una vez más, el impacto de esta larga crisis política sobre los cimientos mismos del Estado haitiano. El poder judicial, al igual que el ejecutivo y el legislativo, sufre las consecuencias directas. Su incapacidad para garantizar una justicia equitativa y accesible a todos refuerza el sentimiento de impunidad y contribuye al colapso de las instituciones que deberían garantizar la democracia y el Estado de derecho.
No hay que olvidar que el propio presidente Jovenel Moïse había reconocido públicamente, desde el extranjero, haber sido obligado a nombrar a unos cincuenta jueces corruptos. Esta declaración, tan grave como simbólica, dañó profundamente la credibilidad del sistema judicial.