Hoy, es urgente —diría incluso vital— emprender una reforma profunda del sistema judicial. No solo para restaurar la confianza de los ciudadanos, sino también para devolver al país una imagen de seriedad y credibilidad a nivel internacional. Sin justicia, no puede haber ni paz duradera ni democracia real.

3. ¿Cuáles son los problemas que llevaron al primer pueblo libre de América (Haití) a caer en el hoyo en el que se encuentra hoy?

Responder a esta pregunta planteada ya en 1882 por Edmond Paul, en Las causas de nuestros males, no es fácil, pues los problemas de Haití son profundos y múltiples. La antigua colonia francesa, tras conquistar su independencia al precio de la sangre, tuvo que enfrentar la hostilidad de las potencias esclavistas. En 1825, se vio obligada a pagar un rescate exorbitante para el reconocimiento de su libertad, endeudándose fuertemente con los bancos de los antiguos colonos. Esta doble deuda, sumada a las divisiones internas entre antiguos libres y nuevos libres, hipotecó duraderamente los esfuerzos de construcción nacional.

En la época contemporánea, cuarenta años después del fin de la dictadura de los Duvalier, las promesas de la Constitución de 1987 siguen inconclusas. Los derechos, el pluralismo y la alternancia democrática deseados por el pueblo nunca han sido prioridades para los actores políticos, demasiado a menudo refractarios a las exigencias de un régimen democrático. Desde 1990, la inestabilidad institucional —marcada por administraciones provisionales repetidas y disfuncionamientos constantes en el poder legislativo— ha hundido al país en una espiral de incertidumbres y vacío jurídico.

A estas fragilidades políticas se suman graves crisis económicas, sociales, humanitarias y medioambientales, agravadas por las catástrofes inevitables de 2010, 2016 y 2021, cuyas secuelas sobrepasan ampliamente las capacidades nacionales. Estos desafíos requieren esfuerzos conjuntos, nacionales e internacionales, para poder iniciar un verdadero proceso de recuperación.

4. ¿Qué necesita Haití para avanzar como los demás países democráticos del continente y convertirse en un Estado democrático fuerte?

Hace ya seis largos años que el país carece de Parlamento. Las colectividades territoriales son dirigidas por agentes ejecutivos interinos, desprovistos de toda legitimidad electoral. Desde hace casi cinco años, el poder ejecutivo, en sus dos ramas, también es ejercido por dirigentes ilegítimos. Entre 2010 y 2025, Haití solo ha organizado una elección —la de 2015-2016— y, desde hace cuatro años, no existe ya ningún elegido en el país. Es el derrumbe total de nuestras instituciones republicanas.

La transición abierta por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021, se ha convertido en la más larga jamás registrada bajo el marco de la Constitución de 1987. Ahora bien, la misión de todo gobierno de transición es clara: restablecer la normalidad constitucional e institucional. Ninguna transición anterior superó los dos años. ¿Cómo entonces esperar ofrecer mejores condiciones de vida a nuestros conciudadanos, si nuestra única ambición colectiva sigue siendo la perpetuación de una transición sin fin, donde la lucha por el poder suplanta al interés general?